Tesoros sumergidos de leyenda (III) – España decide intervenir
Otros pecios rescatados
Por Elena Bargues
El galeón San Diego
El día 10 de diciembre de 1600 el galeón San Diego se encontraba fondeado en el puerto de Cavite cuando es atacado por un pirata holandés, Olivier van Noort, que planeaba conquistar Manila. Entabló combate y resultó hundido.
El 21 de abril de 1991, un catamarán de recreo descubrió el pecio del San Diego a unos cincuenta y dos metros de profundidad y a mil doscientos kilómetros de la isla Fortuna en la bahía de Manila.
Fueron extraídas monedas, joyas, porcelanas de la dinastía Ming, armas y cañones. Se depositó el 70% en el Museo Naval de Madrid y el 30% en el Museo Nacional de Filipinas.
La fragata Juno
El 27 de octubre de 1802, las fragatas de guerra Juno y La Galga de la Armada española navegaban de La Habana a Cádiz. La fragata Juno llevaba una carga de plata de veintidós toneladas (unos 500 millones de dólares) y cuatrocientas veinticinco personas, mujeres y niños incluidos. A la altura de Virginia las alcanzó una galerna y le partió el mástil mayor a la Juno y la hundió muy cerca de la isla de Assateague. Más tarde también La Galga se fue a pique al intentar socorrerla.
Ben Benson es un terrateniente americano de 38 años que, tras el éxito de Mel Fisher con el Atocha, decide emularlo. Crea la empresa Sea Hunt y emprende la búsqueda localizando algunas monedas y dos anclas.
España, de acuerdo con el derecho internacional, por el cual los buques de propiedad estatal siguen siendo propiedad del país aunque se localicen lejos de sus fronteras, entabla una batalla legal para recuperar los restos y que no se repitiera la situación del Atocha. Pero choca con una ley que aprobó el Congreso norteamericano en 1984 que permite a sus estados recuperar los pecios que estén a menos de tres millas de la costa.
Tras tres años de litigio entre el gobierno federal de los Estados Unidos junto con el gobierno español frente a Ben Benson y el estado de Virginia, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos sentenció que las fragatas Juno y La Galga hundidas frente a la playa de Tom´s Cove, en la isla de Assateague en el estado de Virginia, pertenecen a España.
Mientras tanto siguen durmiendo su sueño eterno a la espera de que el gobierno español, con su acostumbrada desidia, decida su rescate; o bien, sea expoliado secretamente y sin control por cazatesoros ávidos de aventuras.
La controversia de los rescates
Los arqueólogos reputados defienden que el rescate de galeones hundidos debe ser realizado por instituciones sin ánimo de lucro. No obstante, se trata de una visión utópica. ¿Qué institución aportaría ocho millones de dólares en un proyecto que en realidad se trata de una posibilidad de encontrar un galeón? Los rescatadores comerciales son los únicos que disponen del dinero necesario. De hecho, muchos arqueólogos universitarios trabajan como asesores de compañías de salvamento de barcos.
Mel Fisher defiende su postura con un argumento demoledor: toda la investigación sobre los naufragios, la conservación de los objetos rescatados, las exposiciones en los museos y las publicaciones se llevaron a cabo sin el aporte de los contribuyentes. No obstante, en una noticia de El País, en la sección de Cultura, datada el 24 de junio de 2011, se cuenta que una parte de las monedas originales de oro y plata con cuño del rey de España se venden en la tienda que han abierto los Fisher al lado del museo.
Todo tiene sus pros y sus contras. Las largas batallas legales que sostuvo la compañía Treasure Salvors Inc. de los Fisher han cristalizado en un cuerpo legal con respecto a los naufragios históricos. De esta manera España ha podido recuperar el tesoro del galeón Nuestra Señora de las Mercedes (al cual no dedico una sola línea porque es muy reciente y sobradamente conocido). La contrapartida será que, a partir de ahora, cuando un buzo localice un barco, mantenga en secreto su ubicación y extraiga objetos poco a poco destruyendo el yacimiento durante el proceso, aunque esto no lo cree muy probable Sténuit, como declaró en una de la mucha entrevistas que ha ofrecido: por un lado porque es imposible que un barco de más de cien metros y una tripulación de decenas de personas pasen desapercibidas; por otro, para vender lo que se ha rescatado es preciso buena publicidad, haberse documentado y publicar los hallazgos. Para esto es necesario que todo esté debidamente legalizado.
Plantearse una alianza entre los rescatadores comerciales y las instituciones arqueológicas es la polémica en la que nos hallamos: unos ponen el dinero y el interés a cambio de una parte del botín y los otros podrán realizar sus estudios y conservar parte del patrimonio.
La política española para proteger los pecios cuenta con un Plan Nacional de Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático aprobado en 2008. Con este plan se pretende crear una base de datos y coordinar las diferentes administraciones para proteger los yacimientos submarinos en las costas españolas. El Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena (ARQUA) es el encargado de recuperar los grandes galeones y el patrimonio submarino en general. ¿Con qué dinero? Mientras tanto, ARQUA tiene el proyecto de rescatar la flota que zarpó de La Habana en 1733 y naufragó en los Cayos de Florida. Luis Casado Soto se encuentra documentándose en los archivos sobre las características de las naves y sus cargas. Ahora bien, no menciona si han comenzado las tareas de limpieza, catalogación y estudio del tesoro del galeón Nuestra Señora de las Mercedes, almacenado en los sótanos de un ministerio.
España es el país con mayor número de pecios históricos sumergidos que, hasta ahora, han recibido poca atención por parte de las autoridades. Nuestro patrimonio no ha sido investigado como se merece y esta desidia lo ha convertido en el punto de mira de las empresas buscadoras de tesoros.
El mayor reto español es trazar un plan eficaz aprovechando las herramientas que ofrece la tecnología, adoptar un modelo que implique tanto a empresas como a la universidad y a la administración pública para impulsar la investigación y protección de los pecios.
Los problemas surgen cuando se intenta proteger un pecio en aguas internacionales o bajo la soberanía de otro país. La ley internacional es clara: “los buques de propiedad estatal (tanto navíos de guerra como galeones) siguen siendo propiedad del país al que pertenecían, aunque se localicen lejos de sus fronteras”. Sin embargo, esto no siempre resulta fácil.
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