El miedo y el desconcierto de los estafados. Una tarde con la PAH de Getafe
Por Carmen Aguilar García
Carlos vive con su mujer y sus dos hijas pequeñas en Getafe, en un apartamento de 60 metros cuadrados, desde 2006. Vive, pero no sabe hasta cuándo. En pocos días se producirá el lanzamiento, pues no puede pagar la cuota de una hipoteca que ascendía a 250.000 euros. Ha solicitado la condonación de la deuda y la dación en pago, sin suerte. Él se ha atrevido a contar su caso en una concentración en una plaza de la localidad. “Quería decir lo de las cláusulas abusivas y se me fue…”, comenta a un reducido grupo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y grupo de Vivienda del 15M.
Cuando le concedieron la hipoteca podía pagar. “Nos urgía el piso, porque vivíamos en un apartamento que no estaba en muy buenas condiciones y ya venía mi segunda hija en camino” cuenta con amargura. El proceso de adjudicación fue de todo menos transparente. Él tenía un crédito personal y uno del coche. Para que el banco le pudiera conceder el préstamo, su asesor inmobiliario le aconseja reunificar las deudas; trámite que permite que durante 15 días Carlos aparezca sin deudas ante la administración y que la entidad bancaria le dé el crédito. Sin saberlo, firmó, además, un seguro a favor del banco por si se quedaba en paro. Seguro para quien tiene contrato indefinido; el suyo, era por obra.
Todo esto, como decía el propio Carlos, sin hablar de las cláusulas abusivas que detalló el abogado Javier Rubio. Una cláusula suelo del 3,5% (es decir, por mucho que baje el Euríbor, el interés mínimo que Carlos pagará será 3,5%), unos intereses de demora de casi el 7% más el Euríbor, un seguro que pagó al principio y que beneficia al banco y, el colofón, una cuota final de 64.000 euros. “Una estafa continuada”, según Rubio. Pero, ¿por qué firmó? Quizás ayude a entenderlo que se encontraba rodeado de “expertos” del banco y de la inmobiliaria, junto al notario; le sobrepasaban los conocimientos, la información y los hombres con corbata. Él solo quería dejar de pagar un alquiler y tener una vivienda mejor. Se fió. Ahora, solo hay desesperación, agobio y terror en su rostro. El avalista, además, es su hermano.
Casos como este hay 150 tan solo en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Getafe, municipio con una tasa de desempleo del 8,97%. “Esto es una sangría”, cuenta Mar Rodríguez, miembro. “Vienen deshechos, con depresiones, sin información. Nosotros les damos las herramientas para que luchen y se apoyen entre ellos”.
Cada lunes se reúnen, a las cinco de la tarde en la calle Concepción. Por un lado, la asamblea colectiva en el que se exponen los casos y se intentan ayudar entre ellos. Por otro, la asesoría jurídica con los abogados Andrea Carrasco y Javier Rubio, que aportan el punto profesional, aunque para ellos lo importante es el empoderamiento; la capacidad de los ciudadanos mismos para luchar por y defender sus intereses. “Sin olvidar la vía penal, lo que funciona es la extrajudicial”, la presión y negociación con los bancos, asegura Rubio; “crear conciencia de grupo para compartir experiencias”, apostilla Carrasco. “Todos somos afectados”, dice Rebeca, una joven que no tiene hipoteca. “Ahora podemos pagar o no tenemos hipoteca, pero ¿y mañana? ¿Y mis hijos?”, dice un señor de unos 50 años, vestido con camisa, vaqueros y polo.
Del 15M a la Sentencia del TJUE. Historia de la PAH de Getafe
La PAH de Getafe nació en 2012. Isabel había sido desahuciada y se fue a vivir con su madre, en la localidad del sur de Madrid, quien tenía el piso completamente pagado desde hacía más de 20 años, pero era avalista. Las echaron a la calle. El grupo de Vivienda del 15M exigió una solución en el Ayuntamiento y se creó la Comisión para la paralización de los desahucios y el realojo de las familias en viviendas dignas; paralelamente, Isabel fundó la PAH del municipio.
“La mayoría de los afectados directos eran, al principio, inmigrantes, pero ahora son todos familias españolas”, cuenta Mar, sin perder la sonrisa durante toda la entrevista. “Hemos conseguido que luchen antes de dejar de pagar”. “Y ahora con la sentencia (del Tribunal de Justicia europeo) tienen un motivo más de lucha: ¡es que me has estafado, es que es abusivo!”
La sentencia expone que “un procedimiento de ejecución hipotecaria en el que no se pueden alegar las cláusulas abusivas es ilegal y vulnera el derecho a la defensa de los consumidores”. Rubio no duda en ningún momento. Evita los rodeos, es directo y, sobre todo, llano. Sencillo hasta en la manera de vestir. Se nota que lleva tiempo explicando el derecho a la gente de a pie. Desde octubre de 2011 ofrece asesoría jurídica cada lunes. “Al principio, eran asesorías colectivas con poca gente; ahora tenemos 40 casos cada semana, entre 15 o 20 de ellos, nuevos”.
“Los tiempos de los políticos son diferentes a los tiempo de las personas”, prosigue. “En cuanto salió la sentencia, el Gobierno tenía que haber parado los procesos para frenar esta sangría”. “Parar, modificar la ley para adaptarla a la nueva sentencia y reparar todos los procesos, pero el Gobierno no está actuando. Tenía en su mano una herramienta potente, la Iniciativa Legislativa Popular para paliar el daño causado”, pero las enmiendas del grupo popular desvirtúan, según quienes la defienden, este documento; basado en la dación en pago retroactiva, el alquiler social y la paralización de los desahucios.
A finales de 2012, el Gobierno dio un tímido paso hacia la moratoria de dos años, pero se quedó corto. “Lo llamamos el decreto de la vergüenza”, dice Mar Rodríguez. “La deuda sigue aumentando en esos dos años y solo contemplan a los niños de tres años y no a los de cuatro, por ejemplo”. “El viernes pasado dos niños de diez y tres años se quedaron en la calle sin esperarlo”, alza la voz, alarmada, recordando el desahucio de Vallecas. “La violencia que se está ejerciendo contra esos niños es…” y se queda sin adjetivos.
Los escraches, su campaña electoral
Mar Rodríguez es funcionaria, madre de familia y con hipoteca que puede pagar. “No tengo grandes problemas, pero veo el sufrimiento de la gente”. Andrea Carrasco y Javier Rubio son abogados y activistas. Rebeca, informática viviendo de alquiler. Paqui, cercana ya a los 60, lucha por la custodia de su nieta. Ninguno tiene vínculos terroristas. “Me lo tomé a risa”, dice el abogado refiriéndose a las palabras de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, quien los relacionó con grupos terroristas. “Se retrató y dejó ver su catadura moral. Le da igual que la gente se quede sin casa, y a los que salen a luchar en vez de sentarse a llorar los califica de terroristas. Debería dimitir”.
Ellos y todas las PAH siguen hacia adelante. Indiferentes. Con pancartas redondas verdes con el lema “Sí se puede”. Simboliza el botón que los diputados tienen que tocar cuando se vota en el Congreso. “Son nuestra campaña electoral”, dice Mar sonriente cuando se le pregunta sobre los escraches. “Los políticos nos llenan nuestras calles y casas de fotos y folletos cada cuatro años; nos escrachean sin que nosotros digamos nada. Nosotros vamos a llamar a sus puertas para llevarle la información”.
La mayoría absoluta del Partido Popular lastra la ILP. Eso “y los vínculos del PP con la banca”, afirma, sin tapujos, Rubio. “No va a salir, pero vamos a esperar y luchar hasta el último momento”, apunta. Es la esperanza que les queda a los miembros de la plataforma, a las más de 360.000 familias desahuciadas desde 2008, según datos de la PAH y a Carlos. “Vamos a buscar una solución”, asegura el letrado. La primera, contar su historia.
